El futuro de las comunidades energéticas: ¿Un marco facilitador o una normativa rígida?
Las comunidades energéticas han irrumpido en el panorama energético como una alternativa sostenible y democrática para la producción y el consumo de energía. Sin embargo, su desarrollo en España sigue dependiendo de un marco normativo en constante evolución que, en ocasiones, presenta barreras que dificultan su implantación real.
El Real Decreto-ley 5/2023 ha supuesto un avance al definir con mayor claridad las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y las Comunidades de Energías Renovables (CER) dentro de la Ley del Sector Eléctrico. Pero, ¿realmente se ha dado un paso adelante o estamos ante una normativa que, en la práctica, sigue siendo restrictiva?
Principales obstáculos normativos
🟢 Exigencia de personalidad jurídica
La normativa obliga a que las comunidades energéticas tengan personalidad jurídica, lo que excluye modelos más flexibles como comunidades de bienes u otras fórmulas asociativas.
Esta rigidez contrasta con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía y las pymes, que a menudo encuentran en estas exigencias un freno burocrático.
🟢 El debate sobre la proximidad
La definición de «proximidad» es clave para determinar quién puede participar en una Comunidad de Energías Renovables (CER).
El Proyecto de Real Decreto de abril de 2023 establecía un criterio basado en el tamaño poblacional del municipio, permitiendo la formación de comunidades energéticas en localidades de hasta 50.000 habitantes.
Sin embargo, esta diferenciación no resuelve del todo las dudas sobre cómo aplicar este criterio en municipios de mayor tamaño o en áreas metropolitanas.
🟢 Barreras a la colaboración público-privada
La legislación actual pone trabas a la participación de administraciones públicas en comunidades energéticas si hay un predominio de capital público.
Esto limita la capacidad de los ayuntamientos para impulsar proyectos comunitarios que podrían beneficiar a toda la ciudadanía.
🟢 Procesos administrativos complejos
La burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos para la creación y gestión de comunidades energéticas.
Las exigencias normativas en cuanto a estatutos, participación y control efectivo pueden suponer un freno para muchas iniciativas ciudadanas.
¿Cómo mejorar el marco normativo?
Para que las comunidades energéticas cumplan su función de democratizar el acceso a la energía y acelerar la transición hacia un modelo más sostenible, es necesario un marco regulador que realmente facilite su desarrollo. Algunas propuestas clave:
✅ Mayor flexibilidad en las figuras jurídicas: Permitir que las comunidades energéticas puedan constituirse bajo distintas formas, no solo como entidades con personalidad jurídica propia.
✅ Criterios de proximidad adaptados a la realidad territorial: Ampliar el alcance de las CER sin limitarlo exclusivamente al tamaño poblacional del municipio.
✅ Impulso a la colaboración público-privada: Crear mecanismos que faciliten la participación de ayuntamientos y administraciones en comunidades energéticas sin restricciones innecesarias.
✅ Simplificación de los trámites administrativos: Reducir la carga burocrática para la creación de comunidades energéticas, agilizando los procedimientos de registro y gestión.
Las comunidades energéticas tienen el potencial de transformar el modelo energético hacia uno más justo, sostenible y participativo. Sin embargo, la normativa actual sigue presentando desafíos que dificultan su implantación. España necesita un marco regulador que, en lugar de restringir, impulse y facilite la creación de estas comunidades, permitiendo que más personas se beneficien de la energía limpia y compartida.
El reto está en manos de los legisladores: ¿será la normativa una aliada del cambio o seguirá siendo un obstáculo para la transición energética?
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